¿Qué razones tenemos para reivindicar la República Española?

Por Jaume d’Urgell el sábado 17 Abril 2010, 05:14


Un año más, hoy, sábado 17 de abril de 2010, miles de mujeres y hombres saldremos a la calle, en paz, para reivindicar la necesidad de cambiar la estructura institucional de este pueblo de familias, que es nuestro querido país.

Esta tarde, una vez más, miles de mujeres y hombres saldremos a la calle, en paz, para reclamar decenciaresponsabilidad,civismoseriedadtransparencia yhonestidad en la gestión pública de nuestros propios asuntos.

Actualizar el marco constitucional

Reivindicamos un nuevo marco constitucional: incluyentesocialplenamente democráticopluralecuánime y de Derecho. Lo exigimos, sabiendo que nos asiste el derecho a revisar el actual modelo de convivencia en sociedad; conscientes del agotamiento de la situación impuesta tras el fallecimiento del dictador.

Saldremos a la calle, porque sostenemos que la Constitución Española de 1978 es contradictoria, arbitraria, machista, ajena a Europa y opuesta a la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo lo cual, nos lleva a pensar que su redacción probablemente obedezca a intereses espurios, ajenos a la búsqueda del Bien Común:

1. Decimos que es contradictoria, porque no se entiende que propugne como valor superior la igualdad, y a renglón seguido defina la monarquía como forma de gobierno.

2. Señalamos su carácter arbitrario, porque ofende a la razón conceder a las Fuerzas Armadas la misión de “defender el ordenamiento constitucional”, adjudicándoles la función de una especie de Tribunal Constitucional de segunda instancia.

3. Nos parece machista, porque aún dentro del carácter injusto y desigual de la monarquía, relegar a la mujer por debajo del hombre, es insultante y extemporáneo.

4. Secimos que se trata de un texto ajeno a Europa y su proceso de construcción política, social y económica, porque ni en el Título Preliminar, ni en ninguno de sus 169 artículos, ni en las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final se cita a Europa ni una sola vez.

5. Y finalmente, creemos que es un texto opuesto a los Derechos Humanos, porque los principios rectores de la política social y económica se encuentran en un capítulo que los hace inexigibles ante la autoridad judicial, porque todo el Título Segundo de la Constitución se opone a los artículos uno, dos y veintiuno de la Declaración, y porque la Disposición Derogatoria omite deliberadamente la nulidad de la Ley de Amnistía 46/1977, verdadera ley de punto final, claramente contraria al Derecho Internacional.

Tres décadas de democracia incompleta

Han pasado más de tres décadas desde el fallecimiento del dictador y el consiguiente traspaso automático de funciones a su delfín armado. En nuestros días, el marco político, jurídico, económico y social se resquebraja con tal virulencia, que los viejos tabúes ya no se tienen en pie. Por eso, hoy más que nunca, pretender una Constitución mejor no es ir contra la Constitución, sino todo lo contrario: se trata de una evolución necesaria e inaplazable.´

La ciudadanía española lleva 74 años ininterrumpidos (más de 18 legislaturas completas) sin poder elegir democráticamente a la persona que ocupa la más alta magistratura del Estado. Estamos en 2010 y lo cierto es que nuestras leyes continúan llevando la firma de un militar.

Sí, lo sabemos: es sólo un símbolo, pero nos preocupa y nos ofende, que nuestro máximo símbolo, sea un símbolo injusto, no electo, vitalicio, irrevocable, con financiación pública, ilimitada y opaca, penalmente irresponsable, y, en una palabra: antidemocrático. Nos ofende que nuestro máximo representante sea casualmente la misma persona que la que designó el dictador Francisco Franco, en la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de julio de 1969.

Queremos ser una sociedad justa y democrática, y por eso mismo: no queremos que nos represente un símbolo arbitrario y antidemocrático.

El reino de la arbitrariedad

Desde 1978, cada cuatro años, el Legislativo nombra al Ejecutivo y juntos renuevan por tercios al Judicial, lo que en la práctica supone una interdependencia de poderes que provoca una acentuación de los límites formales de la democracia.

Asistimos al expolio sistemático de la riqueza nacional, para su acumulación en manos de unos pocos privilegiados. Vemos cómo paulatinamente se precarizan, externalizan y privatizan las industrias y los servicios públicos de: comunicaciones, energía, infraestructuras de transporte, agua, sanidad y educación. Todo ello con grave riesgo para la existencia misma del Estado del Bienestar e impidiendo la intervención de la ciudadanía, a través del Estado, en la gestión de los asuntos que le competen.

Observamos cómo la defensa de la Cultura, las Artes, la educación y la investigación científica, hace tiempo que dejaron de ser una prioridad para las administraciones públicas, relegándolas a la mera subsistencia marginal y frecuentemente clientelar-partidista. Esta práctica, más allá de los efectos del nepotismo y la irresponsabilidad sobre la creación artística, supone abocarnos a una grave desventaja competitiva en el escenario internacional, que empobrece a toda la sociedad y nos obliga a adoptar modelos productivos obsoletos e insostenibles.

Vemos cómo se ha hecho dejación del imperativo cívico de corregir las políticas del nacionalcatolicismo anteriores a la Constitución Española de 1978, manteniendo el pago de catequistas con dinero público, la presencia de símbolos religiosos en muchas escuelas que reciben cuantiosas subvenciones públicas, aceptando que jerarcas espirituales puedan adoptar medidas disciplinarias en base a criterios inconstitucionales contra personal docente pagado con fondos públicos, y manteniendo, en suma, una dotación económica del Estado a la Iglesia Católica, que sólo en 2009 ha sobrepasado los 6.800 millones de Euros, en un año en el que cada día se ejecutaron más de 100 préstamos hipotecarios a familias trabajadoras. El laicismo no es un capricho revolucionario sino un imperativo de ética pública.

Observamos cómo el modelo de crecimiento económico, tolerado y a veces propiciado por el Estado, implica la devastación irresponsable de los recursos naturales y el medio ambiente, poniendo en serio riesgo la habitabilidad del clima que habremos de legar a las generaciones venideras, tanto para el género humano, como para el resto de especies junto a las que compartimos un único mundo.

Contemplamos cómo el actual modelo económico causa indefensión de la economía productiva real frente a la economía financiera o especulativa.

Los excesos especulativos bursátiles, inmobiliarios, laborales y bancarios obedecen a una desregulación cómplice, propiciada desde quienes detentan puestos clave en la estructura del Estado. Una desregulación que nos lleva a tener y mantener las tasas de fraude fiscal más elevadas de toda la Unión Europea; una situación de fraude sistémico, que permite la usura a tipos de interés absolutamente inmorales; un engaño masivo que hace que las familias lleguen a comprometerse a pagar por sus casas, hasta cuatro veces más de lo que realmente cuestan; una política de ‘dejar hacer’ que provoca que decenas de miles de seres humanos se vean obligados a trabajar en condiciones asimilables a las de la esclavitud, principalmente entre la clase obrera migrante en situación administrativa irregular, que trabaja como temporeros en la recolección de fruta.

La eclosión de la injusticia sistémica

Pensamos que los lamentables acontecimientos de los últimos días no hacen sino reforzar la convicción de que es preciso acometer un proceso constituyente, abierto a la participación de la ciudadanía y sin límites preconcebidos, más allá del respeto a la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

Ante esto, este Estado no sólo no protege a las personas más débiles, sino que además, se atreve a consentir ignominias flagrantes, como el procesamiento penal de una de las personas que más ha luchado por la Justicia, como el juez Baltasar Garzón, imputado por delincuentes y fascistas, acusándole de haber osado investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar franquista.

Permitimos que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana intente dejar impunes a presuntos delincuentes, cuyos vínculos de íntima amistad son públicamente reconocidos con el presidente de dicho órgano jurisdiccional.

Permitimos que el Tribunal Supremo sea instrumentalizado para satisfacer odios partidistas, enemistades personales e intereses mafiosos, contra uno de los funcionarios más dignos de la Historia de España, y no sólo por él, sino para destruir las esperanzas de Justicia, a través de la persona del juez como mero pretexto circunstancial.

Permitimos que el Tribunal Constitucional delibere durante más de cinco años sobre si las personas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio y fundar familias, en condiciones de igualdad respecto de las personas heterosexuales. Permitimos que el Tribunal Constitucional siga operando a pesar de que gran parte de sus componentes se aferre a su puesto, a pesar de haber expirado su mandato. Permitimos que el Tribunal Constitucional posponga durante casi tres años la decisión sobre el Estatut d’Autonomía de Catalunya, un texto legal aprobado por el Parlament de Catalunya, adoptado por las Cortes Españolas, refrendado por el pueblo de Catalunya, y que, de hecho, se encuentra en vigor desde hace años, sin que la integridad territorial de España se haya visto amenazada en ningún momento.

Observamos cómo la corrupción política está presente en más de la mitad de los titulares de portada de los medios de comunicación del último año, y vemos con preocupación, cómo se extiende la práctica de valerse del botín de incierta procedencia, para evadir la acción de la Justicia y mantenerse al margen de la aplicación de medidas cautelares que de otro modo, a un ciudadano corriente, le mantendrían entre rejas.

Los efectos de ignorar el ayer

Permitimos que ex ministros dictatoriales franquistas ensucien con su decrépita y extemporánea presencia los escaños de nuestra Cámara Alta. Observamos cómo destacadas figuras del franquismo se jactan de haber redactado partes críticas de nuestra Carta Magna actual. Toleramos que la ignominia de los símbolos de la dictadura asesina continúe embruteciendo el aspecto externo de muchos de nuestros edificios públicos.

Observamos cómo la toponímia de nuestras calles y plazas conserva vestigios de vergüenza histórica, como la Plaza del Caudillo (en el Pardo, Madrid), la avenida de la División Azul (en Madrid) o el pasaje del general Mola (también en Madrid).

Reivindicaciones republicanas

Exigimos la democratización de la Jefatura del Estado; la adopción de un sistema que refuerce la efectiva separación de poderes; la total independencia de la Fiscalía respecto del poder Ejecutivo, y de la Judicatura respecto del Legislativo; exigimos un Parlamento bicameral auténtico: con una cámara de representación territorial y otra de representación proporcional de la ciudadanía, con circunscripción única: una persona, un voto; exigimos una Banca Pública que sea digna de tal nombre; exigimos la adopción de instrumentos de fiscalización de toda operación económica que tenga como origen, curso o destino nuestro territorio nacional; exigimos la tipificación penal de la fuga de capitales hacia paraísos fiscales al margen del pago de obligaciones tributarias; exigimos la tipificación penal de los delitos de negacionismo del Holocausto Nazi y del Genocidio Franquista. Exigimos la apertura de un proceso constituyente, democrático y ajeno a la interferencia de intereses ajenos a la voluntad de la ciudadanía, expresada en las urnas.

Desmontando estereotipos franquistas

Amamos nuestro país y por eso lo pretendemos más democrático. No vivimos anclados en el pasado. Sabemos bien en qué mundo vivimos y por eso estamos aquí: para reivindicar un futuro mejor, que empieza ya.

Vemos como todavía se identifica la ideología izquierdista con el odio a España, la homosexualidad con el vicio, la Anarquía con el caos, la monarquía con la integridad territorial, la aspiración republicana con la Guerra Civil, el Pueblo Gitano con la criminalidad, el sindicalismo como una fuente de conflictos laborales, la jerarquía de la Iglesia Católica con la presunción de decencia, el dinero con la bondad, la juventud con la violencia, el franquismo con la ‘extraordinaria placidez’, la extranjería con los prejuicios racistas, las culturas Vasca y Catalana con el terrorismo y separatismo, respectivamente. Y sin embargo: ninguna de estas afirmaciones es cierta, se trata, pura y llanamente, de vestigios de la propaganda militar franquista, alguno de los cuales ha llegado hasta nuestros días.

No odiamos a España, aunque nos oponemos a la concepción franquista de un estado totalitario, centralista, excluyente, monárquico, confesional nacional-católico, militarista, tradicionalista, monopartidista y ultraconservador. No odiamos a España, y precisamente por ello, la queremos más democrática, culta, respetuosa, integradora, ecuánime, transparente, laica, libre y pacífica.

El nuestro no es un discurso fanático ni extremista: además de condenar toda forma de violencia política, por supuesto, como no podía ser de otro modo: respetamos los Derechos Humanos y en especial —por si hace falta decirlo—: la libertad de empresa, la libertad de culto, la propiedad privada y el multipartidismo.

¡Salud y ni un paso atrás!

Por todo eso, hoy saldremos a la calle para exigir una Tercera República Española, porque nadie mejor que el pueblo, en paz y democracia, para adoptar todas las decisiones sobre todos los asuntos que le afectan. Sin falsas tutelas, ni límites, ni miedos. La ciudadanía opta a su emancipación.

Nunca nos detendremos. Siempre en paz. Nadie nos callará.

¡Salud y República!

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Jaume d’Urgell
http://jau.me

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