Montilla presiona al Gobierno el día que este cede participar a la Generalidad en el Registro de Entidades Religiosas

El presidente autonómico insiste en reformar la LOPJ el mismo día que el Ministerio de Justicia hace público la firma de un convenio con la Generalidad en temas religiosos.

Viernes, 8 de octubre de 2010 | 17:11

No importa que el Tribunal Constitucional (TC) dictase que la justicia no se puede descentralizar o no, al menos, tal y como quiere el Gobierno tripartito, porque el presidente autonómico, José Montilla (PSC), sigue empeñado en que los poderes políticos autonómicos decidan sobre el Poder Judicial.

Montilla, durante la apertura del Año Judicial en Tarragona, ha defendido este viernes que “sigue siendo necesaria la desconcentración del Poder Judicial y su adecuación al funcionamiento de un estado autonómico y descentralizado”. El líder de los socialistas de Cataluña se ha mostrado satisfecho y confiado en que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pueda recuperar preceptos considerados inconstitucionales por el Alto Tribunal.

Según Montilla, haciendo caso omiso a la clásica separación de poderes, “no tendría sentido que todas las instituciones se organicen y trabajen de acuerdo con este modelo territorial [autonómico y descentralizado] y el Poder Judicial como una estructura medular de nuestro sistema, y después de más de treinta años, siga siendo disfuncional en este sentido”.

Entidades Religiosas

El mismo día que Montilla presionaba al Gobierno para que apruebe una reforma legislativa a su gusto se ha dado a conocer que la Generalidad de Cataluña participará en el Registro de Entidades Religiosas y en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Así lo han determinado el Ministerio de Justicia y la Vicepresidencia autonómica con la firma de un convenio anual, prorrogable, y en función a lo establecido en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Josep-Lluís Carod-Rovira firmó antes del viaje que está haciendo por el Alguer (Italia) el convenio con el Ministerio de Justicia en materia de asuntos religiosos. El acuerdo prevé que la Generalidad participe del Registro de las entidades religiosas que tengan su implantación en Cataluña y participará, también, de las reuniones de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado relacionados con su Ministerio (foto: Ministerio de Justicia).

En virtud del acuerdo, el Ministerio se compromete a impulsar las medidas legales oportunas para garantizar la participación de la Generalidad en el Registro y en la Comisión Asesora. La Administración autonómica lo hará a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalidad, que comunicará -será un mero intermediario- a las entidades religiosas que tengan su domicilio social en Cataluña si ha sido aceptada la petición de inclusión en el Registro nacional.

El convenio también establece que el Ministerio pedirá información al Gobierno autonómico cuando este pueda facilitar datos sobre las entidades catalanas ysolicitará el criterio de la Generalidad antes de suscribir convenios con las entidades y confesiones religiosas que puedan afectar a las competencias autonómicas. Como suele ser habitual en estos casos, se creará además una comisión mixta de seguimiento del acuerdo que se reunirá periódicamente y que velará por el correcto cumplimiento del convenio.

Artículo 161

El acuerdo entre administraciones se basa en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, centrado en las relaciones con las entidades religiosas. Este precepto fue recurrido por el PP ante el TC al considerar que, según consta en el redactado, ‘pretende interferir en el ejercicio de las competencias que atribuye la Constitución al Estado’.

Según el texto presentado por los populares ante el Alto Tribunal, ‘los órganos de ámbito estatal a que se refiere el precepto impugnado [artículo 161] son, necesariamente, los que ejercen las competencias que corresponden al Estado’, por lo que ‘es esta instancia territorial de poder quien, en ejercicio de su competencia, establece tanto la organización que en cada caso considera oportuna o conveniente, así como su composición; igualmente, le corresponde establecer, en cada caso, las reglas de colaboración con otras instancias territoriales de poder‘.

Para el PP, un estatuto de autonomía ‘no puede condicionar definitivamente el ejercicio de la competencia estatal, tanto porque interfiere indebidamente en la competencia del Estado, como porque materialmente estaría modificando la atribución que efectúa la Constitución’.

Sin embargo, el TC dictó que el artículo 161 es totalmente constitucional ya que la ‘colaboración’ entre administraciones ‘es un principio inherente a nuestro sistema de articulación territorial del poder que hace aconsejable la puesta en marcha de técnicas o mecanismos de colaboración y cooperación especialmente en supuestos de competencias transversales o concurrentes, debiendo tenerse presente en lo que ahora importa que la Generalidad ha asumido competencia exclusiva en materia de entidades religiosas’. Y, en todo caso, el Alto Tribunal recordaba a los recurrentes quees el legislador nacional -es decir, las Cortes Generales- quien determinará en última instancia las competencias exclusivas en esta materia.

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Fuente: vozbcn

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